El titular del Máximo Tribunal mostrará un plan de reformulación del Poder Judicial.
Lunes 26 de febrero. La apertura del año judicial a nivel nacional tendrá novedades y correlatos en los poderes judiciales provinciales.
La Corte Suprema que presiden Ricardo Lorenzetti parece decidida a producir un fuerte cambio dentro de la Justicia. El próximo 6 de marzo se llevará a cabo el acto de apertura del Año Judicial. Esa será la oportunidad elegida para presentar una propuesta de reforma a partir de una política de estado cuyos lineamientos serán dirigidos a la transformación de los poderes judiciales, la abogacía y la educación legal.
El objetivo de esta transformación, según indica un documento que se diera a conocer con el nombre de “ Lineamientos de una Política de Estado para la Transformación de los Poderes Judiciales”, y que se publicara en el Centro de Información Judicial, será implementar y no declarar reformas, razón por la cual se buscará que las propuestas sean muy concretas y susceptibles de aplicación, para poder acercar un servicio de Justicia eficiente a la población y para lo cual se exigirá que se reconozca un protagonismo a la sociedad civil y su organización, en torno a los cambios del sistema actual.
El Máximo Tribunal sostiene que todos los ciudadanos tienen igual derecho a una tutela judicial efectiva, por lo que deben ser incluidos todos los estamentos sociales en esta tan anhelada reforma, sociedad, magistrados, funcionarios y empleados judiciales de las distintas etapas de participación durante un proceso como así también el resto de los poderes del estado, representantes de la abogacía y universidades.
Remarca además que el Agente de Cambio es el propio Poder Judicial, liderado por su Instancia Superior, pero en base a un consenso social y político, ya que ese órgano de gobierno, aclara, no actúa aisladamente y este proceso tampoco, sino respetando los lineamientos constitucionales que distingue las potestades de los distintos departamentos que conforman el gobierno federal con su correlativo reconocimiento a las prerrogativas que le son propias , como así también a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La implementación de este cambio, reconoce, es quizás una de las fases más difíciles y cuya dificultad radica, por un lado en la inexistencia de una unidad decisoria única. Si bien, en cumplimiento a un modelo constitucional instituido, la Corte puede adoptar decisiones de superintendencia, el Consejo de la Magistratura selecciona los jueces y administra al Poder Judicial, el Congreso sanciona las leyes y el presupuesto es elaborado por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, nada invalida la creación de una unidad de ejecución a través de un consenso general.