La Educación en debate en un momento crítico
Por Fundación Coincidir*
Asistimos en este 2020 a una reforma educativa que se pretende realizar de espaldas a la comunidad educativa y de cara al autoritarismo con el que se pretende manejar cierta dirigencia, amparados en una mayoría legislativa para conseguir modificaciones en diferentes ámbitos que, de acuerdo a una subjetiva visión de los asuntos coyunturales, se hacen necesarios para quienes pretenden protagonizar semejante hecho que se encuentra por fuera de lo que hoy necesita la educación de la Provincia de Mendoza.
Tal como expresa el director general de Escuelas, «durante esta Pandemia la Educación está en la agenda de la provincia como nunca antes lo estuvo», y algo de razón tiene, ya que la Educación pasó a ser una de las preocupaciones centrales de madres, padres, docentes, alumnas y alumnos en términos de cómo poder afrontar un proceso educativo en un contexto tan distinto y difícil como el que transitamos, que ha desnudado duras realidades que requieren acciones de fondo.
Esto nos lleva a formular los primeros interrogantes a fin de entender y preguntarnos por qué el gobierno hoy lo postula como «urgente», y, se hace fundamental primero pensar en lo «importante», que a nuestro criterio tiene que ver con los educandos y, fundamentalmente el rol de las y los docentes, atendiendo a las condiciones, y fundamentalmente, posibilidades con las que cuentan trabajadores y alumnos/as.
De todo derecho nacen obligaciones y deberes, entonces, ¿No sería viable comenzar por reconocer derechos en lo que respecta a condiciones dignas de trabajo reconocidos por nuestra carta magna? ¿No sería importante comenzar a discutir lo que preocupa a nuestras y nuestros trabajadores de la educación? ¿No corresponde preguntarnos si la provincia cuenta con los recursos y la voluntad necesarios para conocer la situación de miles de estudiantes mendocinos?
Sobran los análisis del proyecto de ley de educación y las muestras de la comunidad educativa de que no existe consenso alguno en el espíritu de ésta, pero es nuestro interés reflexionar acerca de lo que siempre se esconde detrás, las letras chicas de las leyes que se pretenden apurar, imponer por vías que no responden a pautas de celeridad y respeto por todas las voces, visualizamos que no se formula con los y las protagonistas, que no atiende a las problemáticas fundamentales, que no respeta el contexto, que no busca resolver problemas históricos de las y los docentes.
Algunos aspectos del proyecto
Si como se dice desde el gobierno provincial, que este es un «proyecto de Ley marco», el mismo debería comenzar reconociendo con claridad que la Educación es una obligación indelegable del Estado, siendo ésta una contundente definición sobre la cual se deben pensar las políticas educativas.
No es posible pensar una ley marco sin antes definir con claridad con qué recursos se pueden llevar adelante tan importantes transformaciones. A diario escuchamos lo «importante de la educación» para hacer grande nuestra patria pero, ¿cuánto se invierte en ella? La realidad es que la provincia de Mendoza viene en franca caída en términos de inversión educativa, el análisis de los presupuestos provinciales de los últimos 5 años marcan claramente que en el 2015 se invirtió el 25,3% del presupuesto provincial, porcentaje que fue disminuyendo al punto que en el presupuesto 2020 representa el 21,1%, una caída de 4.2 puntos en 5 años demuestra el sistemático desfinanciamiento de la Educación. ¿Es posible pensar una ley de estas características sin garantizar el efectivo financiamiento?
Desconocer el trabajo que, hace más de 30 años, vienen realizando las Organizaciones de la Sociedad Civil es un despropósito. Desconocer a 20.000 niños, niñas y adolescentes, 2.000 docentes, 3.000 auxiliares y voluntarios, 300 comunidades y 88 Organizaciones que según el Informe de SEOS del año 2018, vienen brindando oportunidades educativas y que pierden la instancia de tener una Dirección de Educación de Gestión Social y Cooperativa que jerarquice y acompañe tan importante tarea.
Vemos cómo el principio de estabilidad laboral previsto en el Estatuto Docente se vulnera en este proyecto, sometiendo conquistas laborales de décadas a la letra de una ley que quita el acento en las y los trabajadores. En Argentina, cerca de la mitad de las mujeres ocupadas trabajan en el comercio, en tareas domésticas y en el ámbito de la educación. Bajo criterios de «productividad» se quiere medir el rendimiento docente, no sólo mercantilizar a la educación sino que al ser la misma una actividad sobrerrepresentada por mujeres, entendemos que se desconoce que en tiempos de crisis las mujeres son las más afectadas, esta medida que solo aporta inseguridad laboral, no hace más que recrudecer y acentuar la pobreza de las docentes, sin paritarias salariales, trabajadoras de la educación endeudas para poder llegar a fin de mes, debiendo, además, endeudarse para dar clases, autogestionándose hasta para obtener conectividad digital. ¿Agregarles más estrés al existente en esta Pandemia, era necesario?
Un Congreso Pedagógico Provincial virtual, es la propuesta de la DGE en manos del Frente Cambia Mendoza para pintar la fachada de una nueva Ley de Educación en Mendoza que de debate y construcción colectiva no tiene nada. Es difícil pensar en un Congreso que incluya la voz de todos los trabajadores y las trabajadoras de Mendoza en nombre de una «ilusión de igualdad», cuando la brecha digital recrudece, sin paquetes de datos, con escasa conectividad, con dispositivos tecnológicos obsoletos, entonces ¿qué tipo de participación propone entonces la DGE? Cuando elimina los comentarios virtuales, que cuentan con los recursos tecnológicos adecuados y necesarios para participar y que sabemos quedará fuera y muteada su voz por la evidente brecha digital de la que los propios trabajadores de la educación no están ajenos.
Desde nuestra opinión, las y los trabajadores de la educación, estudiantes y la sociedad necesitan una Nueva Ley de Educación Provincial, pues hace 14 años que fue sancionada la Ley Nacional de Educación, pero, para que se adapte a los tiempos que corren, la Ley Provincial de Educación deberá respetar los procesos de debate correspondiente y, desde el Ejecutivo provincial se debe garantizar el espacio y el clima que amerita dicha Ley.
*Las autoras son Malvina Richard, Cintia Gallardo Accardi y Silvana Porro integrantes la Fundación Coincidir.
