Sep 10, 2020
Por Andrés Pisani*
Cuando analizamos la cantidad de planes barriales y programas realizados en Mendoza en todos estos años vemos que hay un esfuerzo por cambiar la realidad de los Mendocinos, pero si tomamos distancia y analizamos integralmente, estos proyectos se corresponden solamente a saciar el 3% del déficit habitacional.
En palabras de Gastón Chiller, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): “esta realidad no es un asunto técnico y cuantitativo que se pueda reducir a cuántas casas hay que edificar y con qué sistema constructivo. Se trata de una cuestión política vinculada a la justicia social y a los derechos humanos que requiere un abordaje integral e intersectorial y el protagonismo de las organizaciones sociales en los procesos de desarrollo territorial.”
La necesidad habitacional de la ciudadanía mendocina es un tema político que debemos afrontar y poner en relieve como sociedad, y para eso, debemos repensar el sistema de redistribución de las rentas del territorio producido en dichos procesos. Porque han pasado los años y la desigualdad no deja de crecer, y no es un tema menor, poner a disposición de los gobiernos instrumentos de igualación y cohesión social.
No deberíamos pensar al urbanismo como una herramienta aislada, sino integralmente con herramientas administrativas, regulación flexible combinables, participación ciudadana, comunidades rurales, pero sobre todo en la articulación entre las políticas habitaciones, con las políticas de suelo.
En la provincia de Mendoza al problema de la vivienda se le suman otras variables que hacen aún más delicado su abordaje, como es el desarrollo sin control, de los barrios privados. Aunque existe una Ley de Ordenamiento territorial y usos del suelo (Ley provincial N°8051) parece que el fenómeno no tiene freno y hay varias personas estudiándolo.
En 2011 algunas reflexiones comenzaban a estar en boca de algunos dirigentes como Vicente Abate quien era titular de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano provincial, que afirmó que en 2010 los barrios cerrados eran 180, pero un año después había más de 300. Tanto este dirigente como Juan Carlos Varela, Director de Catastro, admitieron que el problema es delicado por el vacío legal que impera.
El Renabap como principio de un abordaje de integración socio-urbana
El primer paso para el abordaje de la integración socio-urbana, se da con el reconocimiento sobre las villas y asentamientos de Argentina, que rondan según datos del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) los 4416 barrios en todo el país y en Mendoza: 247. Este proceso, es indispensable para la superación de la segregación urbana, la inclusión de las personas y la ampliación del nivel de ciudadanía, respetando las bases del barrio y fomentando su organización social para que entre todos y todas sean parte de la transformación social y urbana.
El derecho humano a una vivienda digna y adecuada contempla también las condiciones de seguridad, paz y dignidad. Derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional, por eso, el segundo paso fue la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat especializado para la resolución de este enorme problema social, donde se está gestando un verdadero cambio de paradigma, empoderando a las Organizaciones Sociales para que sean las actoras, gestoras y ejecutoras de la transformación.
En la provincia de Mendoza está conformada la Mesa Provincial de Barrios Populares donde participan organizaciones sociales de cada uno de los asentamientos y barrios populares de la Provincia. En este espacio indispensable para discutir las distintas problemáticas y compartir sus distintas realidades, tiene hoy un objetivo claro: que Mendoza adhiera a la Ley Nacional 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.
Como venimos mencionando existe hoy una posibilidad real de este sea el gesto político y técnico, para avanzar sobre la resolución del problema de la vivienda en Argentina y las provincias. Es hora de alinear objetivos en pos de mejorar la calidad de vida de muchas familias. Después de mucho tiempo hay una luz al final de pasillo para cada uno de esos barrios populares y asentamientos, para que se integren en términos sociales y urbanísticos, mediante un proyecto participativo gestado por sus propios vecinos con una visión a largo plazo.
*El autor es arquitecto urbanista y militante de Protectora
La foto de portada es gentileza de Unidiversidad