Denuncian ante el INADI que no se cumple el cupo laboral para personas con discapacidad
Se acusa que el Estado no respeta el 4% del cupo establecido y no prioriza vacantes de contratación. Los detalles de la denuncia.
El astrólogo, locutor y excandidato a concejal, Ricardo Correnti, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a nivel nacional para que se respete la ley 24.901 modificada en los distintos ámbitos laborales de la provincia como de la Nación.
Se trata de la Ley de Cupos, que busca garantizar el derecho al empleo de las personas con discapacidad además de facilitar su inclusión y la igualdad de oportunidades. De esta manera, el Estado tiene la obligación de emplear, al menos, a un 4% de personas con discapacidad en todas las modalidades: planta efectiva, contratos y servicios tercerizados.
Correnti sostiene que esta ley no cumple con los siguientes puntos:
-El Estado Nacional, en cualquiera de sus dimensiones, no cuenta con el 4% de su personal compuesto por personas con discapacidad.
-Las vacantes de contratación que surgen no son prioritariamente reservadas para personas con discapacidad.
-El Ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tienen relevados y actualizados sus datos sobre las personas con discapacidad para darle prioridad.
“Es de público conocimiento que las personas con discapacidad vivimos una vida absolutamente distinta a quienes no la padecen. Actos como levantarse de la cama, vestirse, alimentarse, higienizarse y transportarse, que pueden ser ágiles y normales para otras personas, a nosotros nos implica gran esfuerzo e incluso gastos, cuando no podemos hacerlo en sociedad”, cita denuncia de Correnti.
Y agrega, “digo que debería ser ´algo de público conocimiento` porque todas las personas de mi condición, coincidimos que no lo es. Nosotros formamos parte de una minoría perjudicada, que ya corre con desventaja a nivel social, cultural, económico y es blanco de exclusiones todo los días; muchas veces no de modo intencional, sino porque la falta de información conlleva a que no se respeten condiciones mínimas de subsistencia que se traducen, por ejemplo en veredas adecuadas con rampas. Parte de las razones por las que no se cumplen los derechos acordados en la ley modificada 24.901 tiene que ver con la carencia de representación que tenemos en las distintas orbitas de los poderes públicos”.
Por último, el excandidato solicita al organismo nacional que tenga en cuenta lo planteado, la adquisición de información sobre el número de personas adultas con discapacidad en la Argentina y el número de personas con discapacidad en ámbitos laborales público- privado.
